El copago farmacéutico, la supresión de servicios socio sanitarios o el abandono de las ONGs que trabajan con el VIH-SIDA, supone un retroceso de 30 años en el abordaje de la pandemia.
FAUDAS DENUNCIA LOS ATAQUES A LOS SERVICIOS Y A LAS LIBERTADES
La Declaración Universal proclama que toda persona tiene los mismos derechos humanos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
La situación a la que las políticas de los gobiernos están abocando a gran parte de los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, convierte al Estado español en violador de esos derechos. Los resultados afectan más gravemente a las personas enfermas de VIH/SIDA en una situación socio económica precaria, a las personas usuarias de drogas con consumos problemáticos, coinfectadas por VIH y VHC, a las personas privadas de libertad, a las personas desempleadas, a las migrantes, a las mujeres discriminadas, a las familias expulsadas de sus casas y a otros colectivos ya atacados antes de la crisis y ahora llevados hasta el límite.