26 JUNIO 2018

1 de diciembre 2019

Día Mundial de Lucha contra el Sida

Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida, la Federación Andaluza ENLACE y sus 90 entidades, entre las que se encuentra Federación Provincial de drogodependencias Liberación, recuerdan que no hay que bajar la guardia en materia de prevención y atención de VIH-Sida.

En las últimas décadas, importantes avances médicos han permitido, no solo tener una esperanza de vida igual a las personas no infectadas sin llegar nunca a desarrollar Sida, sino también mantener al virus indetectable y, por lo tanto, intransmisible. En este sentido, la labor de las instituciones y de las entidades sociales ha sido clave. En primer lugar, se ha facilitado el acceso a la prueba y al tratamiento, especialmente a los colectivos más vulnerables. Junto al tratamiento médico, se ha afianzado la importancia de cubrir otras necesidades vitales para lograr el éxito del proceso terapéutico, potenciando las intervenciones desde el ámbito psicosocial. Por último, la realización de numerosas campañas de prevención y sensibilización entre la población ha contribuido, no solo a reducir el número de transmisiones, sino también a mejorar el conocimiento de la enfermedad y la imagen social de las personas que conviven con el VIH-Sida.

Pese a todos estos avances, si consideramos los objetivos propuestos por ONUSIDA para erradicar la pandemia en 2030 a nivel mundial, observamos que aún quedan importantes retos por delante y temas en los que hay que seguir incidiendo. A continuación, trataremos de exponer los aspectos que consideramos más urgentes en la prevención y atención del VIH-Sida en Andalucía, desde el ámbito de las adicciones.

Es innegable el hecho de que el perfil de persona con VIH-Sida ha cambiado y la vía de transmisión más frecuente ya no es el uso de drogas inyectables sino las relaciones sexuales. No obstante, factores como los nuevos usos de drogas en contextos de ocio, donde se dan prácticas sexuales de riesgo, o los flujos migratorios desde países donde el consumo por vía intravenosa sigue siendo habitual, no permiten bajar la guardia en la intervención desde el ámbito de las adicciones.

En primer lugar, entendemos que es prioritario continuar trabajando desde un enfoque integral, especialmente, con los colectivos más vulnerables como son las personas sin hogar, las personas en entornos de prostitución, las personas migrantes o las personas privadas de libertad. Así, las intervenciones específicas encaminadas a facilitar el acceso a los recursos sanitarios, en el caso de ciertos colectivos como pueden ser las personas sin hogar o las personas migrantes, tienen que ir necesariamente acompañadas de otro tipo de intervenciones que favorezcan el éxito del tratamiento. Facilitar el acceso a la prueba, hacer un acompañamiento en el proceso de la enfermedad o dotar de herramientas para mejorar los hábitos de salud sexual son aspectos clave, pero no podemos descuidar otros básicos como son la vivienda, el sustento, la atención psicológica o el acceso al mercado laboral.

Además, dentro de este enfoque integral, es esencial insistir en la importancia de que todas las actuaciones sean llevadas a cabo desde una perspectiva de género que atienda las necesidades específicas de cada persona. En el caso de las mujeres, es muy necesario incidir en materia de salud sexual y afectiva, fomentando el empoderamiento en cuanto a medidas de autocuidados, de manera que sean ellas quienes tomen la iniciativa y el control sobre la protección en sus relaciones. En el caso de los hombres, es necesario incidir en la disminución de la asunción de riesgos relacionados con las relaciones sexuales. Para ello, debemos seguir construyendo espacios de confianza desde los que abordar la atención de las personas con VIH-Sida partiendo de los condicionamientos de género.

En nuestro país, entre las mujeres, la transmisión heterosexual constituye la gran mayoría, con un 85,0% de los nuevos diagnósticos. Las mujeres se diagnostican cada vez a una edad mayor, y en una situación inmunológica peor que los hombres. Entre los nuevos diagnósticos de VIH en las mujeres, más de la mitad son en mujeres inmigrantes.

En materia de prevención, la reducción de la percepción de riesgo, especialmente entre la población más joven, ha favorecido en los últimos años el repunte de transmisiones no solo de VIH-Sida sino también y, de manera significativa, de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) como la sífilis, la gonorrea o la clamidia. Además, como hemos apuntado anteriormente, ciertos contextos de ocio o nuevas prácticas como el ChemSex, donde se combina el consumo de sustancias con la práctica de relaciones sexuales, han favorecido una relajación a la hora de emplear métodos preventivos. Es urgente, por tanto, seguir apostando por medidas de prevención eficaces como puede ser la implantación efectiva de la profilaxis preexposición (PrEP), método que reduce el riesgo de contraer VIH-Sida, al tiempo que seguir promoviendo el uso del preservativo como único método efectivo para evitar la transmisión de las ETS.

La incorporación de la PrEP en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional Salud a partir del 1 de noviembre es una de las grandes demandas alcanzadas este año y su implementación efectiva deber ser realizada con la mayor diligencia por las Comunidades Autónomas, de forma que el acceso a la misma sea equitativo y rápido en todo el Estado. La PrEP ha de servir para articular un nuevo abordaje de la salud sexual capaz de dar respuesta a las nuevas necesidades a las que nos enfrentamos y debe complementarse con mayores esfuerzos en el ámbito de la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano, porque en nuestro país más del 45% de nuevos diagnósticos son tardíos, lo que pone en riesgo la vida de las personas afectadas y ocasiona que el VIH siga expandiéndose.

Otra cuestión importante y menos abordada, es cómo afecta el envejecimiento a las personas con VIH-Sida. No es raro que quienes han sobrevivido a la enfermedad después de un largo proceso, hayan sufrido otras enfermedades oportunistas como la neumonía o la tuberculosis. Al llegar a una edad avanzada, estas personas ven mermada su salud más allá de los condicionantes propios de la edad. Si además la persona ha tenido una detección tardía o no ha sido tratada correctamente a lo largo de las diferentes etapas de la enfermedad, como ocurre a menudo entre los colectivos más desfavorecidos, la calidad de vida se reduce en mayor medida.

Por último, en relación a la evolución de la imagen social de las personas con VIH-Sida, son muchos los logros obtenidos gracias a numerosas campañas de sensibilización que, en los últimos años, han posibilitado la eliminación de prácticas discriminatorias como las que limitaban el acceso a determinados puestos de trabajo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en esta materia. Es preciso facilitar herramientas que ayuden a superar el estigma, proporcionar asesoramiento legal para luchar contra la discriminación y, en definitiva, fomentar una cultura de respeto e igualdad de oportunidades desde la Administración Pública y las organizaciones sociales para seguir avanzando hacia una sociedad más justa.

Desde el pasado 1 de diciembre hemos vivido en nuestro país momentos para la esperanza. Hemos asistido al final de las exclusiones de las personas con VIH en el acceso al empleo de la función pública, lo que supone un gran avance contra la discriminación y exclusión en el ámbito laboral, que se debe implementar con una adecuada legislación que impida la discriminación de las personas seropositivas tanto en el acceso al empleo como en su permanencia.

Durante el Día Mundial de 2018, el Ministerio de Sanidad lanzaba el Pacto Social contra la discriminación asociada al VIH. Un documento muy esperado e impulsado por el Plan Nacional del Sida con la participación de otros ministerios, sociedades científicas, universidades, sindicatos y sociedad civil, pero que tras un año de su presentación aún requiere de una implementación real y efectiva.

Existen  otros  muchos  retos  que  abordar;  las reivindicaciones de las personas supervivientes, la  atención  sanitaria  en  el  medio  penitenciario,  la asistencia sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular, la contribución de España a la respuesta global al VIH (en la que ya el Gobierno ha anunciado que aportará 100 millones de euros al Fondo Global para la Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis) y un largo etcétera que organizaciones que trabajamos en VIH seguiremos reclamando todos los días.

Alcanzar una generación libre de VIH es posible, pero sólo lo alcanzaremos si ponemos en primer lugar la lucha contra la serofobia y para eso debemos visibilizar a las personas con VIH que tantas veces son olvidadas.

Para más información:

Luisa Márquez (609545687)

www.f-enlace.org

El próximo 26 de Mayo los/as españoles/as estamos nuevamente convocados a las urnas, ya que se celebran elecciones autonómicas, municipales y europeas. La población, en general, parece no darle importancia y se respira un ambiente de apatía que prevén desembocará en una alta abstención.

  Y si la población, en general, tiene falta de motivación para participar en este tipo de comicios… en medio de este panorama, la población penitenciaria, ¿qué papel representa? Imagino, que muchos de los lectores de este artículo, se estarán preguntando en estos momentos: “Ah, ¿pero las personas presas pueden votar?”

  Pues sí, son ciudadanos, y no de segunda o tercera; están privados de libertad pero no así de otros derechos y deberes. El sufragio está recogido como el de cualquier persona no privada de libertad como Derecho fundamental en nuestra Constitución (CE art. 23), que reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, así como en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP art. 3) que garantiza que las personas presas mantengan sus derechos fundamentales.

  Pese a ello, podemos afirmar que en general la población penitenciaria no tiene acceso libre al sufragio activo que les corresponde como ciudadanos, volviendo, como en muchos otros derechos, a ser invisibles para el resto de la ciudadanía y de nuestra clase política.

  Según datos estadísticos en las elecciones generales del año 2011, de una población penitenciaria de alrededor de 60.000 personas, hubo una abstención del 95%. Y como referente en Andalucía, en las autonómicas celebradas en el año 2015, de una población de unas 13.000 personas, solicitaron el voto tan solo un 6%, bajando al 2% en las últimas celebradas en Diciembre de 2018. 

   Pero analicemos cuáles son los motivos de tan alta abstención. Podríamos señalar varios:

  *El proceso excesivamente burocrático. los Centros Penitenciarios deben exponer en el tablón de anuncios del módulo las normas electorales para llevar a cabo el ejercicio del derecho al voto, y debe ser la persona privada de libertad la que muestre interés por leer lo que allí se explica y tras ello, mostrar interés por ejercerlo notificándolo al trabajador social o al funcionario del módulo, de manera que ponga en marcha el mecanismo para que un funcionario de correos se persone en el Centro penitenciario llevando impresos para solicitar la inclusión al censo, para posteriormente remitir al Centro Penitenciario los sobres y papeletas que deberán ser entregados personalmente al interesado/a por funcionario de correos; quien, una vez introducidas las papeletas en los sobres correspondientes, deberá llevarlos a la mesa electoral el día de las votaciones. Para ello es necesario que se realicen sesiones informativas, pero éstas realmente van a depender de las direcciones de los centros y muchas dejan de ejercer este derecho por desconocimiento, otras por retrasos en la entrega de documentación en este largo proceso y muchas otras sencillamente porque son trasladadas a otros Centros penitenciarios, lo que finalmente les impide el ejercicio.

  Y me pregunto, ¿para cuándo la instalación de urnas en los centros penitenciarios, realizando el censo de la población que allí reside y contando aquellos como un colegio electoral más? Podría ser una vía, o al menos, hacerles partícipes de la sociedad y facilitarles el ejercicio del sufragio activo.

  * La falta de información de esta población, en relación con la anterior. Existe aún hoy un alto número de personas privadas de libertad que desconocen su derecho al voto, ni cómo ejercerlo. Personas que pensaban que no tenían derecho a su ejercicio.

  * El desinterés de los partidos políticos por las personas en exclusión social, como es el colectivo de personas presas. Y es que los programas electorales, en general, tampoco es que recojan grandes aspectos de la vida penitenciaria, salvo cuando se legisla “a golpe de telediario” con el endurecimiento de las penas, y claro esto no vas a ir a “pregonarlo” a prisión. Pero estas personas también dejaron una vida y una familia en el exterior, y tienen una perspectiva de regreso a la libertad y les interesan, entre otras cosas, las políticas sociales y el futuro de sus barrios.

  Y entonces, ¿por qué la campaña electoral no traspasa los muros de las prisiones? La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) no dispone nada al respecto.

  Fue en 1986 cuando un partido político, por primera vez, se interesó por llevar la campaña electoral a un Centro penitenciario, pero este gesto hemos tenido que esperar para que se repita demasiados años después, no siendo hasta 2018 que tuvieron lugar charlas en el interior de los Centros penitenciarios de Sevilla 1, 2 y Prisión de Mujeres de Alcalá de Guadaíra, promovidas por un sólo partido político. Eso sí, sin cobertura mediática, amparada la Administración en su  deber de neutralidad.

  * Y, por último, destacaría la carencia de medios que ponen a su disposición las diferentes Administraciones. Y como muestra, un botón, y es que sorprende que tras las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en el año 2015, la Consejería en Andalucía firmó un convenio de colaboración en materia de gestión electoral con el Ministerio del Interior, pero la comisión de seguimiento del Convenio no ha sido convocada desde el año 2015…. Y todo sigue, si no igual, más o menos por la misma línea.

  Pero para terminar, este modesto artículo de opinión, quiero dejar un mensaje de optimismo, y pensar que estamos evolucionando y cambiando. Y os dejo el dato esperanzador de participación en las últimas elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril, en el que la petición de voto de la población penitenciaria alcanzó un poco más del doble de la participación de los comicios del año 2011, con un índice de participación del 12,76%. 

  Quedémonos con ese halo de esperanza, al menos, hasta el día después….

MARIA LUISA DIAZ QUINTERO

Abogada. 

Alternativas Jurídicas, Sociedad Cooperativa Andaluza