El 12 de febrero de 2026, el Congreso aprobó—por una mayoría muy amplia— la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una reforma orientada a endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia, de delitos contra el patrimonio, especialmente los hurtos de baja cuantía. La medida se ha presentado como una forma de combatir la supuesta “impunidad” de los hurtos leves y de responder a una preocupación social creciente.
Tras su paso por el Senado y vuelta al Congreso, el pasado 27 de Marzo obtuvo apoyo parlamentario y hoy 10 de abril entra en vigor la reforma con la publicación de la Ley Orgánica 1/2026 de reforma del CP y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Es por ello que desde la Federación Liberación – Red de Adicciones Sevilla, queremos expresar una posición clara: la política criminal no puede sustituir a la política social. Convertir la prisión en el recurso automático ante conflictos vinculados a la exclusión, la pobreza o las adicciones no solo es ineficaz: es una deriva que alimenta el populismo punitivo y consolida un modelo que castiga la vulnerabilidad en lugar de abordarla.
El eje central de la reforma, consiste en elevar la gravedad penal de la reiteración de hurtos leves. En términos prácticos, tres delitos leves de hurto —por cuantías inferiores a 400 €, que antes se castigaban normalmente con penas de multa— pueden pasar a implicar penas privativas de libertad, situando la respuesta penal en una horquilla que puede llegar de seis meses a tres años de prisión, dependiendo del encaje y circunstancias del caso.
La reforma se apoya en una idea que se ha repetido en el debate público: que existe un cálculo deliberado para “no pasar de 400 €” y así beneficiarse de una supuesta benevolencia del sistema. Pero desde nuestra experiencia, esa idea es, en gran medida, una simplificación que no se corresponde con la realidad cotidiana de muchas de las personas que terminan siendo perseguidas por estos delitos.
Quienes sostienen que estos hechos “quedan impunes” suelen ignorar dos cuestiones esenciales:
1.- La necesidad no sabe de cálculos.
En una parte relevante de los hurtos leves no hay un plan racional de maximización del beneficio con minimización del castigo. Hay supervivencia, hay adicción, hay deterioro de salud mental, hay ausencia de vivienda, hay trayectorias de violencia y desestructuración.
2.- La multa ya acaba generando prisión en muchos casos.
La experiencia nos demuestra que numerosas personas terminan ingresando en prisión por hurtos leves, no porque se les imponga directamente una pena de prisión, sino por impago de multas: sanciones que resultan materialmente imposibles de asumir cuando se vive en pobreza, exclusión o sin red. Por tanto, el relato de “antes era solo multa” es, para muchos, una ficción.
La reforma también contempla la posibilidad de agravar la respuesta en hurtos de teléfonos móviles, incorporando la idea de la vulneración de la intimidad digital asociada al acceso a datos personales.
Reconocemos que un móvil no es un simple objeto: contiene información privada, identidad digital, acceso a cuentas y comunicaciones. Pero precisamente por eso, el debate debería centrarse en medidas eficaces de prevención y protección, no en reforzar una respuesta penal que termina afectando sobre todo a perfiles vulnerables y cronificados en el sistema. Por tanto, proteger derechos digitales es imprescindible, pero convertirlo automáticamente en más pena de prisión como respuesta prioritaria es discutible y, en muchos casos, contraproducente.
Desde Federación Liberación – Red de Adicciones Sevilla sostenemos que endurecer penas no reduce por sí solo los hurtos. La prisión no funciona como herramienta de prevención general para conductas ligadas a la exclusión social, y puede producir efectos que empeoran el problema:
- Cronifica la marginalidad y rompe aún más los vínculos comunitarios.
- Dificulta itinerarios de inserción (empleo, vivienda, tratamiento).
- Refuerza circuitos de reincidencia al salir sin recursos ni apoyo.
- Traslada al sistema penitenciario lo que debería abordarse desde servicios sociales, salud y vivienda.
España, además, no es un país “blando” penalmente. Lejos de la percepción de la calle, nuestro ordenamiento es duro, y nuestras prisiones soportan una presión que no se resuelve aumentando entradas por delitos de baja cuantía. Reducirlo todo a “les sale gratis” no solo es falso: es peligroso, porque legitima soluciones automáticas basadas únicamente en castigar más.
Trabajamos cada día con personas cuyas trayectorias están atravesadas por:
- Sinhogarismo y exclusión residencial.
- Adicciones y falta de acceso real a tratamiento continuado.
- Violencias (familiares, de género, institucionales).
- Ruptura de redes, pobreza severa y precariedad cró
- Dificultades administrativas y barreras de acceso a derechos.
En este contexto, preguntamos con responsabilidad: ¿Es la prisión el lugar donde debe gestionarse el fracaso de la sociedad para garantizar vivienda, salud mental, apoyo comunitario y oportunidades reales?
Qué reclamamos: políticas públicas que prevengan, reparen y reduzcan daños
Defendemos una estrategia distinta, basada en evidencias y derechos:
- Refuerzo de políticas de vivienda y recursos de baja exigencia para personas en calle.
- Acceso real a tratamiento de adicciones (continuidad asistencial, salud mental integrada, reducción de daños).
- Alternativas a la prisión para delitos de baja lesividad vinculados a exclusión: medidas comunitarias, programas de intervención, itinerarios de inserción y justicia restaurativa cuando sea posible.
- Apoyo a comercios y a víctimas con medidas preventivas y de protección eficaces, no solo con castigo.
- Coordinación entre servicios sociales, salud, entidades comunitarias y justicia para cortar ciclos de reincidencia desde la intervención, no desde el encierro.
En conclusión: seguridad y convivencia sí, pero con más comunidad y menos populismo penal. Entendemos la preocupación social ante los hurtos y la necesidad de proteger a las personas y al comercio. Pero creemos firmemente que la seguridad no se construye ampliando la prisión como respuesta automática. Por el contrario, la seguridad se construye con derechos garantizados, con servicios públicos fuertes, con acompañamiento y con medidas de prevención.
Desde Federación Liberación – Red de Adicciones Sevilla, reiteramos nuestra posición:
No podemos seguir utilizando el Código Penal como sustituto de una respuesta social integral. ante sus fracasos. Más prisión no es sinónimo de menos hurtos; la prisión no repara, no reinserta automáticamente y a menudo cronifica la exclusión. Y la vulnerabilidad no puede seguir siendo el blanco fácil de reformas punitivas.