¿Qué va a ser de mí, señorita?
Las consecuencias más humanas tras la pérdida de un subsidio.
Artículo de opinión de Ana Reigada Olaizola, trabajadora social de Federación provincial Liberación.
Para Federación Liberación la supresión del subsidio de excarcelación (Real Decreto Ley 2/2024) que, hasta la entrada en vigor de la reforma, cobraban aquellas personas que habían cumplido condena de más de seis meses en alguno de los centros penitenciarios de nuestro país, nos parece una auténtica aberración. Los que llevamos tantos años interviniendo en prisión somos conocedores de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el colectivo de personas privadas de libertad. La retirada del mismo hace que esta situación se agrave, dificultando aún más, si cabe, su proceso de reinserción social. Este subsidio es, en muchas ocasiones, la única solución tras su puesta en libertad, sobre todo, sabiendo que la población penitenciaria de nuestro país se caracteriza por la escasez de recursos, al pertenecer a barrios marginales con un importante deterioro urbanístico y déficit en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos; elevados índices de absentismo y fracaso escolar; población mayor desatendida y con una red social de apoyo débil y muy deteriorada.
“¿Qué va a ser de mí, señorita?”, “¿de qué voy a vivir hasta que encuentre un trabajo?”, son las frases más escuchadas en los patios de un entorno tan hostil como es el penitenciario. Ahora empieza a hablarse de la sustitución de un subsidio que era verdaderamente ágil y rápido en su gestión y cobro, por el periplo burocrático que supone el Ingreso Mínimo Vital. ¿Cómo se adapta una persona que proviene de un mundo analógico como es la cárcel a una sociedad que cuenta con una brecha digital que es insalvable? ¿Se nos olvida que el subsidio por excarcelación se resolvía en uno o dos meses y el IMV, en ocasiones, supera los 10 o 12 meses? ¿Cuántas personas provenientes de prisión carecen de herramientas para gestionar el IMV, no solo a nivel personal sino tecnológicamente hablando, y con las oficinas de la Seguridad Social que no dan citas para su tramitación? Quizá sea el desconocimiento que se tiene de este colectivo o la imposibilidad de ponerse en su lugar, la que nos hace vivir en un mundo cada día más deshumanizado, donde dejamos fuera a aquellos que ya se encontraban en una situación de aterradora marginalidad. ¿Siendo conocedores del fracaso del Ingreso Mínimo Vital no solo no lo corregimos sino que incluimos a un colectivo extremadamente vulnerable como es el que nos atañe? Yo, como trabajadora social que desde hace casi dos décadas interviene en prisión, lanzo la siguiente pregunta: si España es uno de los países con el índice de criminalidad más bajo y, sin embargo, con uno de los porcentajes de personas privadas de libertad más altos de Europa, ¿quién se encuentra en nuestras cárceles? Pues quienes tienen más dificultades para acceder a muchos de los servicios básicos, carentes de recursos económicos u oportunidades laborales, así como de un sistema educativo que, en ocasiones, no atiende sus necesidades y permanece ajeno a ellas. Asimismo, aquellas personas que se enfrentan a la vida en viviendas inadecuadas por no hablar de infravivienda o falta de la misma, que se topan con dificultades para participar plenamente en la vida social, cultural y comunitaria debido a esas limitaciones económicas y falta de recursos. Pues a ellos y a ellas son a los que se les pide que su precarizada vida mejore gracias al Ingreso Mínimo Vital. Señores y señoras, salgan de sus despachos y bajen a las calles.
Agotadas de tanta pregunta, Federación Liberación tiene una única respuesta, clara, y es que nosotras apostamos por la inclusión, por acompañarles en su proceso de inserción, social y laboralmente hablando, y para ello consideramos que estos cambios son un paso atrás, son medidas excluyentes que una sociedad que aspira a ser democrática no puede ni debe permitirse.
